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Editorial | Impunidad mediática

Marzo 5, 2009

El presidente de la República Hugo Chávez Frías, ha solicitado a sus seguidores –lo que equivale decir al aparato represor civil, policial, militar y paramilitar del Estado- identificar a los medios enemigos “en manos de la oligarquía”. Su llamado se hace en medio de una declaración unilateral de ofensiva contra lo que considera una conspiración mediática, o en el menos grave de los casos, “mezquindad” para no reconocer el éxito de su gestión gubernamental.

No entramos acá a evaluar si dicha gestión tiene o no éxito, pero nos preocupa el enorme peligro que esta amenaza del primer mandatario entraña, pues no es un simple desequilibrio en la balanza de la opinión pública presuntamente “manipulada” por los medios privados.

No es la primera vez que estos llamados del mandatario se traducen en violencia contra medios y periodistas. Precisamente, esa es la realidad de impunidad que describen las históricas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicadas este miércoles 4 de marzo. La Corte condenó de manera irrevocable al Estado Venezolano por “el incumplimiento de su obligación contenida en el artículo 1.1 de la Convención (Americana de los Derechos Humanos) de garantizar la libertad de buscar, recibir y difundir información y el derecho a la integridad personal, reconocidos en los artículos 13.1 y 5.1 de la Convención”.

Recordemos los primeros años del gobierno de Hugo Chávez, marcados por la innovación en nuestra política democrática de ver a decenas de periodistas, camarógrafos y fotógrafos agredidos física y verbalmente por seguidores radicalizados del oficialismo.

Quedó en evidencia para el máximo ente jurisdiccional del hemisferio que el Estado venezolano incurrió en “obstrucción, obstaculización y amedrentamiento para el ejercicio de las labores periodísticas”, lo que desde el caso que se refiere específicamente a los comunicadores sociales de las plantas televisivas RCTV y  Globovisión se ha convertido en una política sistemática.

Esta política de amedrentamiento llega incluso al extremo de que un grupo radical oficialista se sintió en el derecho de condenar a muerte a un empresario de medios, como lo es Marcel Granier; y de que un presentador de un programa de opinión transmitido por Venezolana de Televisión, en horario estelar, se dedique a declarar “objetivos de la revolución” a comunicadores destacados y dirigentes del gremio periodístico con argumentos falaces. La experiencia de violencia y agresiones gratuitas son  ya parte de la rutina de colegas periodistas que cubren fuentes oficiales.

Estas acciones se conjugan con la advertencia del presidente de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología y Medios de Comunicación Social, diputado Manuel Villalba de que el parlamento regulará aún más la acción de los medios privados y de los periodistas independientes porque “el pueblo está pidiendo que se castigue” la supuesta impunidad mediática de los que, fuera del control gubernamental, osan criticar la buena acción del gobierno revolucionario.

Todo esto configura un cuadro de amenazas a la libertad de expresión frente al cual los periodistas debemos estar en estado de alerta y prestos a movilizarnos. Es nuestro deber defender esta profesión y como lo dice nuestro Código de Ética en su artículo 43: “El periodista tiene el deber de combatir sin tregua a todo régimen que adultere o violente los principios de la democracia, la libertad, la igualdad y la justicia”. ¿Es acaso esta una de las normas que rigen nuestra profesión que el diputado Villalba aspira modificar?

ROGER SANTODOMINGO

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