CIDH rechaza ataques a quienes denuncian excesos del Estado

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su profunda preocupación por la situación en Venezuela, al tiempo que alienta al Estado a avanzar en un proceso de diálogo para lograr una salida pacífica a la actual situación, y con pleno respeto a los derechos humanos.

 

Durante el 150º Período de Sesiones se realizaron productivos encuentros con altas autoridades de los Estados, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las Misiones ante la OEA y organizaciones de la sociedad civil, entre otros actores del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Comisión tuvo una reunión con los Estados y otra con la Comunidad del Caribe (CARICOM), y celebró la clausura del Período de Sesiones en una sesión en la que participaron los Representantes Permanentes de los Estados Miembros y organizaciones civiles. La CIDH valora el clima constructivo en el que se desarrollaron estos encuentros.

Durante estas sesiones se celebraron 55 audiencias públicas con participación de delegaciones de 20 Estados Miembros de la OEA, así como 30 reuniones de trabajo sobre peticiones, casos y medidas cautelares. Se aprobaron informes sobre casos y peticiones individuales y se avanzó en procesos de solución amistosa. En el marco de las sesiones, la CIDH presentó dos informes de la CIDH, uno sobre las garantías para la independencia de las y los operadores de justicia y otro sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas.

 

“Con respecto a Venezuela, la Comisión valora la participación del Estado en las cuatro audiencias de dicho país, así como el hecho de que el Estado haya solicitado la realización de una sobre la situación general de derechos humanos en el país. En la misma, tanto la sociedad civil como el Estado hicieron referencia al contexto de las manifestaciones que se registran desde febrero”, indicaron en un comunicado.

En el documento, destacan: “La información recibida indica que persisten graves denuncias sobre afectaciones a los derechos a la vida, a la integridad y libertad personal en el contexto de las manifestaciones, el derecho a la protesta pacífica y derecho a la libertad de expresión. En particular, se recibió información sobre supuestos ataques de grupos civiles armados en contra de los manifestantes en varias ciudades del país. Según cifras de la Fiscal General de la República, hasta el 28 de marzo de 2014, 37 personas han fallecido y unas 559 han resultado heridas. De acuerdo con información puesta en conocimiento de la Comisión, algunas de las muertes serían atribuidas a presuntos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). En ese sentido, el Estado venezolano informó durante la audiencia que la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo adelantan investigaciones por supuestos excesos por parte de cuerpos de seguridad estatales, y que al menos 15 funcionarios habrían sido detenidos por presuntas violaciones a los derechos humanos. De igual manera, la CIDH ha recibido información sobre supuestos actos de tortura y malos tratos en contra de las personas detenidas en el marco de las manifestaciones, y en la audiencia las organizaciones denunciaron que no se les estaría prestando una asistencia médica adecuada. La Comisión Interamericana expresa su profunda preocupación por la situación en Venezuela, al tiempo que alienta al Estado a avanzar en un proceso de diálogo para lograr una salida pacífica a la actual situación, y con pleno respeto a los derechos humanos”.
”La Comisión expresa su más profunda preocupación ante las amenazas, represalias y acciones de descrédito de que son objeto algunas de las personas que acuden a las audiencias y reuniones de trabajo de la CIDH, tanto por parte de particulares como, en algunos casos, de autoridades estatales. Los Estados democráticos no deben obstaculizar la participación en el sistema interamericano de derechos humanos a través de acciones previas, represalias o acciones de estigmatización”.

Avances en América Latina


La CIDH destaca los significativos avances logrados en diversas reuniones de trabajo. En especial, la Comisión aprecia la participación de representantes de Estados y peticionarios de Agentina, Colombia, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, Paraguay y Perú en reuniones de trabajo sobre la implementación de medidas cautelares vigentes, lo cual permite llegar a acuerdos y superar obstáculos a fin de garantizar una mejor protección ante situaciones de gravedad y urgencia que presentan un riesgo de daño irreparable a las personas.

De igual manera, la Comisión valora muy positivamente la disposición a avanzar en procesos de solución amistosa o en el cumplimiento de acuerdos previamente alcanzados, demostrada por las partes en 17 reuniones de trabajo realizadas sobre peticiones y casos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Surinam. En este sentido, la CIDH destaca la firma de un acta con la intención de avanzar hacia una solución amistosa en la Petición No. 1171/09, Ananías Laparra Martínez y otros, México, donde se establecen los lineamientos para continuar las negociaciones con el objetivo de llegar a una solución amistosa.

La CIDH recibió para estas sesiones 61 solicitudes para la realización de reuniones de trabajo y 220 para audiencias, incluyendo 12 provenientes de Estados miembros. La Comisión destaca en especial la iniciativa de casi un tercio de los Estados miembros de la OEA de solicitar una audiencia para tratar el tema de la pena de muerte en las Américas, lo cual coadyuva a identificar medios para avanzar hacia la abolición de la pena de muerte en la región. Los Estados participantes fueron Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Honduras, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay; se sumaron la Misión Permanente Observadora de Francia ante la OEA y Amnistía Internacional. Asimismo, un importante número de organizaciones de la sociedad civil de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Perú y Uruguay solicitaron una audiencia que plantea un tema emergente y al que la Comisión Interamericana dará seguimiento, sobre el impacto negativo que tienen las políticas represivas en materia de drogas sobre la vigencia de los derechos humanos de grandes sectores de la población, con un impacto desproporcionado en niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas pobres, afrodescendientes y campesinos, entre otros grupos.

La participación activa de Estados y sociedad civil en estos mecanismos y el aumento permanente de las solicitudes recibidas son indicadores de su efectividad, así como un reconocimiento de la credibilidad y legitimidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en su conjunto. Las audiencias públicas fueron transmitidas por Internet y se registraron 135,000 computadoras conectadas. Organizaciones y universidades de la región convocaron público para seguir la audiencia en vivo en diversos eventos, y algunas audiencias fueron retransmitidas en vivo por canales de televisión abierta. En el último año, el sitio Web de la Comisión recibió 1.2 millones de visitas, y obtuvo un aumento superior al 200% en seguidores en medios sociales. La CIDH valora muy positivamente el creciente interés de los y las habitantes de las Américas en estar informados sobre la situación de derechos humanos en la región y en los mecanismos de los que dispone el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para defender y promocionar el respeto y garantía de los derechos fundamentales. Las audiencias realizadas y los informes de casos aprobados en estas sesiones reflejan algunos de los problemas estructurales en materia de derechos humanos que aún persisten en la región. Se refieren al respeto al derecho a la vida y la integridad personal, las garantías del debido proceso y la protección judicial, la independencia judicial, la justicia y la reparación para graves violaciones a los derechos humanos del pasado, el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales y del derecho a la libertad de expresión, la discriminación por motivos raciales o étnicos, por orientación sexual, por género y por identidad de género, así como la situación de los derechos de los niños y las niñas, los migrantes, los refugiados, los solicitantes de asilo, las víctimas de trata de personas, los desplazados internos, las personas en situación de apatridia, los defensores y las defensoras de derechos humanos, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las mujeres, las personas privadas de libertad, y las personas con discapacidad, entre otros asuntos. Asimismo, se han abordado temas emergentes como la responsabilidad de las corporaciones en el impacto que tienen las industrias extractivas sobre la vigencia de los derechos humanos, en especial sobre ciertos grupos como afrodescendientes y pueblos indígenas. En una audiencia de seguimiento a las recomendaciones del Informe “Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas” la CIDH recibió información preocupante sobre una tendencia regresiva en la materia en varios países de la región, que incluye la baja de la edad de imputabilidad penal y el aumento de las penas, en un contexto de malas condiciones de privación de libertad y escasas medidas socioeducativas.

La Comisión analizó el estado de la implementación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, “Convención de Belém do Pará”, a 20 años de su adopción. La violencia contra las mujeres y la discriminación estructural de género continúan siendo problemas profundos y extendidos en la región, mientras que la respuesta estatal sigue siendo insuficiente, tanto a nivel de prevención como de investigación y sanción. Un porcentaje inaceptable de asesinatos de mujeres y otros ataques violentos contra las mujeres permanece en la impunidad, mientras que las defensoras de derechos humanos, en particular las defensoras de los derechos de las mujeres, son víctimas de ataques, criminalización de sus actividades, campañas de difamación pública y uso excesivo de la fuerza policial en su contra, entre otros graves problemas. La CIDH urge a los Estados a avanzar de forma significativa y urgente en la implementación de políticas públicas que hagan efectivos los estándares establecidos en la Convención de Belém de Pará, en especial a través de medidas que deconstruyan la discriminación estructural que subyace la violencia contra la mujer. En otro orden, la Comisión valora el fructífero diálogo sostenido con la Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Angela Holguín Cuéllar. El Estado de Colombia participó en las sesiones de la CIDH de manera activa, incluyendo seis reuniones de trabajo sobre implementación de medidas cautelares y tres audiencias públicas. La Comisión lamenta que el Estado haya decidido no participar en una cuarta audiencia realizada en este período.

Con relación a Bolivia, la Comisión valora la activa participación del Estado en estas sesiones, incluyendo tres reuniones de trabajo sobre casos que están en diversas etapas de solución amistosa. En especial, valora la presencia del Procurador General del Estado Plurinacional de Bolivia, Héctor Arce. Sin embargo, la Comisión lamenta la ausencia de Bolivia en la audiencia sobre el derecho a la vida de las mujeres en dicho país, por razones que no están en conocimiento de la CIDH. Por otra parte, la Comisión Interamericanalamenta profundamente la ausencia del Estado de Ecuador en las dos audiencias convocadas sobre ese país. Si bien es cierto que Ecuador participó en una reunión de trabajo sobre un caso en proceso de solución amistosa, resulta preocupante que el Estado haya tomado la decisión de no comparecer en dos audiencias, sobre el derecho a la libertad de expresión y sobre el derecho a la libertad de asociación en conexión con la situación de los defensores de la naturaleza. Asimismo, la Comisión toma nota que es el segundo período de sesiones consecutivo en que el Estado decide no comparecer a las audiencias. Adicionalmente, la Comisión Interamericana lamenta profundamente las expresiones de altas autoridades ecuatorianas sobre asuntos relativos al desarrollo de las sesiones.

Con relación a República Dominicana, la CIDH expresa su profunda preocupación por la situación de las más de 210,000 personas que han quedado apátridas como resultado de la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional. Resulta asimismo preocupante la información presentada en la audiencia sobre la situación del derecho a la nacionalidad de los dominicanos de ascendencia haitiana, de que Tribunal Constitucional ha confirmado el criterio establecido en dicha sentencia a través de las sentencias 275/13, 290/13 y 28/14, lo cual ha agravado la situación. Como ya lo señaló la Comisión en las observaciones preliminares de la visita realizada en diciembre de 2013, esta sentencia conlleva a una privación arbitraria de la nacionalidad y tiene un efecto discriminatorio, dado que impacta principalmente a personas dominicanas de ascendencia haitiana, quienes son personas afrodescendientes. Aunque el Estado indicó en la audiencia que la sentencia no es discriminatoria porque personas de ascendencia de otras 117 nacionalidades presentes en el país también podrían verse afectadas, la información de que dispone la Comisión indica que existe un impacto desproporcionado sobre personas afrodescendientes. La CIDH urge al Estado a buscar una solución que garantice el derecho a la nacionalidad de las personas que ya tenían este derecho bajo el régimen interno vigente entre 1929 y 2010, sin exigir que se registren como extranjeros como requisito para el reconocimiento de sus derechos. Asimismo, la Comisión lamenta profundamente que el Estado dominicano haya impedido la salida del país de Juliana Deguis Pierre para participar en esta audiencia. La Comisión ha solicitado información al Estado sobre las razones para impedir su salida del país, y quedó pendiente de recibir esta información.

La CIDH está integrada por Tracy Robinson, Presidenta; Rose-Marie Belle Antoine, Primera Vicepresidenta; Felipe González, Segundo Vicepresidente; José de Jesús Orozco Henríquez; Rosa María Ortiz; Paulo Vannuchi y James Cavallaro. El Secretario Ejecutivo es Emilio Álvarez Icaza Longoria.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Vía: Prensa CNP Caracas.

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