Comunicado del Colegio Nacional de Periodistas ante las agresiones a los reporteros del 2001

comunicado

 

La Junta Directiva Nacional del Colegio Nacional de Periodistas llama a todas sus seccionales a rechazar contundentemente la agresión contra los reporteros Eliscart Ramos, Dayana Escalona y el gráfico Jorge Santos Jr., a manos de efectivos de la Policía Militar, cuando cubrían la feria navideña que se llevaba a cabo en el paseo Los Próceres de Caracas, y a la que los organizadores invitaron a los medios de comunicación.

 

La acción de los efectivos contra los reporteros se caracterizó por una extrema violencia, que se evidenció cuando el general de Brigada Carlos Enrique Yánez Figueredo se ensañó contra los periodistas, en especial contra el reportero gráfico a quien golpeó y trató de ahorcar con sus propias manos. Los comunicadores sociales estuvieron cinco horas presos sin que mediara la presencia de un fiscal del Ministerio Público, como manda la ley, y, además, les quitaron las cámaras que registraron una trifulca que se formó en la mencionada feria cuando se estaba repartiendo pernil para las fiestas de fin de año.

 

Este hecho aborrecible, en el que se combinan el abuso de autoridad, el desprecio por los derechos humanos y por las leyes de la República, el autoritarismo,  y la violación a la libertad de expresión por parte de efectivos militares, incluso de alta graduación, pone en evidencia una actitud de ciertos sectores castrenses y nos advierten de la poca cultura ciudadana de algunos de sus efectivos.

 

Los hechos de los que fueron víctimas nuestros colegas nos remiten a los momentos más duros del autoritarismo en Venezuela y en los países de América Latina donde hubo dictaduras militares, donde el Estado se daba el lujo de reprimir violentamente el trabajo de quienes están puestos allí por el pueblo para que le informe de lo que sucede en el país. Por ello, esta situación nos pone alerta, además, sobre la inconveniencia de que sean precisamente los sectores militares los que tengan la potestad de clasificar la información que se puede o no difundir, tal como se planteó originalmente en el decreto que creó el Centro Estratégico y de Seguridad para la Protección de la Patria (CESPPA), que con el pretexto de la “seguridad nacional”, pueden ampliar el espectro de la “información confidencial” a su antojo, sea algo que implique la supervivencia de la nación o una simple venta de perniles en un mercado.

 

El Colegio Nacional de Periodistas, custodio y garante de la libertad de expresión en el país, tal como lo establece el artículo 5 de la Ley que lo creó, llama a todos sus agremiados a manifestar su rechazo por las acciones que dañaron la integridad física, emocional y moral de nuestros colegas del Diario 2001 y hace un llamado a las autoridades nacionales, civiles y militares, a garantizarles a los ciudadanos el acceso a la información consagrada por los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, derecho que no se puede suspender ni siquiera en los estados de excepción, tal como lo establece el artículo 337, que dice que en casos de emergencia nacional se podrán restringir temporalmente ciertas garantías, «salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles». Lo que vivieron nuestros colegas en Los Próceres contradice la letra de nuestra carta máxima.

 

Exigimos a la justicia militar que se sancionen a los efectivos que desobedecieron las leyes y la Constitución que juraron defender, y a las autoridades nacionales que emprenda un plan de reeducación de los cuerpos militares en el campo del respeto a los derechos de todos los venezolanos.

 

Vía: Prensa CNP Caracas.

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