IPI: Ola de arrestos de periodistas en Cuba

Yoani Sánchez y la prominente periodista y abogada opositora Yaremis Flores están en el grupo de al menos 27 disidentes cubanos arrestados la semana pasada en lo que los observadores catalogan como una nueva “ola represiva” en la isla caribeña.

Flores estuvo en el grupo de abogados independientes que fue detenido por las autoridades el miércoles 7 de noviembre. De acuerdo a medios locales, a Flores se le imputó el delito de “difundir noticias falsas con el propósito de perturbar la paz internacional, o de poner en peligro el prestigio o el crédito del Estado cubano o sus buenas relaciones con otro Estado”, como lo establece el artículo 115 del Código Penal cubano. De ser encontrada culpable, Flores podría enfrentar hasta cuatro años de prisión.

Además de su trabajo de abogada, Flores también ha escrito distintos artículos en los cuales critica al régimen comunista. En sus artículos más recientes en CubaNet, Flores criticó la respuesta oficial del gobierno cubano a los estragos que causó el huracán Sandy en la isla. Según informes, Laritza Diversent, otra abogada detenida junto a Flores, dijo que Flores había estado suministrando información a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre arrestos arbitrarios en Cuba.

Yoani Sánchez y otros 16 disidentes permanecieron bajo custodia el día jueves 8 de noviembre, luego de protestar por el arresto de Flores y los demás detenidos. Al ser liberada ocho horas más tarde, Sánchez tuiteó en Twitter una pregunta, “¿Hasta cuándo este absurdo?”, junto con el hashtag “#OlaRepresiva”. A principios de octubre, Sánchez fue detenida por unas horas mientras intentaba cubrir el juicio a un activista español acusado de causar la muerte de un conocido disidente en un accidente automovilístico.

Estos arrestos, incluyendo el de Antonio Rodiles, director de un grupo local defensor de la libertad de expresión, fueron ampliamente condenados en Cuba y en todo el mundo. La representante republicana al Congreso de Estados Unidos por el estado de Florida, Ileana Ros-Lehtinen, catalogó los arrestos como acciones de “déspotas y tiranos”.

 Distintos reportajes dicen que Elizardo Sánchez Santa Cruz, vocero de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y de Reconciliación Nacional, un grupo local de presión, comentó que “se ha desatado una ola represiva en la capital. Tiene la forma de un espiral, de efecto dominó”.

La decisión del gobierno cubano de imputar a Flores por el delito de “difundir noticias falsas” sólo es un ejemplo más de lo que muchos críticos catalogan como el uso arbitrario de provisiones legales para silenciar el periodismo independiente.

El IPI volvió a pedir la liberación inmediata de Calixto Ramón Martínez Arias, corresponsal de Hablemos Press, quien ha estado bajo custodia desde el 16 de septiembre acusado de insultar a Fidel y Raúl Castro bajo el delito de desacato (Artículo 144.1 del Código Penal cubano). Martínez había escrito una serie de artículos sobre los brotes de cólera y de dengue en la isla.

Roberto Guerra, editor de Hablemos Press, le dijo al IPI que el Gobierno no ha dado ninguna explicación de los cargos, los cuales Guerra insiste que son infundados. El IPI —quien en numerosas ocasiones ha declarado que las leyes que penalizan la difamación, la injuria y las leyes de desacato posan una seria amenaza a la libertad de prensa en el Caribe— apoya la petición de Hablemos Press de liberar a Martínez.

Hablemos Press también informó de la detención de otro de sus corresponsales, Enyor Díaz Allen. Adicionalmente, informaron que las autoridades se llevaron de la casa de Díaz Allen sus equipos de trabajo. Allen había cubierto recientemente los brotes de cólera y fiebre en Cuba, así como la encarcelación de políticos opositores. El periodista fue puesto en libertad ayer.

La Gerente de Libertad de Prensa del IPI, Barbara Trionfi, dijo que el “IPI condena categóricamente los recientes arrestos en masa de disidentes cubanos, incluyendo los arrestos de Yoani Sánchez y Yaremis Flores. Este incidente demuestra que más que cualquier otro gobierno del hemisferio occidental, el régimen cubano sigue temiendo al periodismo independiente, por lo cual lo oprime.

Trionfi agregó que “el IPI exige que el gobierno cubano retire los arbitrarios cargos penales a Yaremis Flores y a Calixto Martínez Arias, quienes no parecen haber hecho nada equivocado, pero más bien han intentado informar al pueblo cubano sobre temas que son claramente de interés público.

En una carta enviada en octubre, el IPI instó al presidente de Cuba, Raúl Castro, a que considerara reformar las leyes de difamación del país para que estuviesen en armonía con los estándares internacionales. El IPI actualmente dirige una campaña para derogar las leyes que penalizan la difamación y la injuria en todo el Caribe.

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