CNP-Caracas rechaza juicios a la defensora Rocio San Miguel

El Colegio Nacional de Periodistas-Caracas exige al Estado garantizar y proteger a los defensores de derechos humanos, en lugar de levantarles expedientes para incriminarlos en un intento por callar sus denuncias y controlar a la sociedad.

Es el caso de Rocío San Miguel, presidenta de la Organización Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional que, a riesgo de su integridad a defendido a periodistas venezolanos y, en particular a asumido la representación legal del CNP-Caracas, la seccional más importante y más numerosa del país.

El Ministerio Público imputó implícitamente a San Miguel por una supuesta fuga de información del Palacio de Miraflores sin pruebas, de manera deliberada para cercenarles sus derechos, lo que para una democracia es inaceptable.

El CNP-Caracas expresa su solidaridad con San Miguel, quien acudió a los tribunales penales de Caracas a nombrar como sus defensores a Juan Carlos Gutierrez, Theresly Malave y Carlos Nieto Palma, en vista de un juicio eminente que podría en duda la administración de justicia en el país.

La figura jurídica con la cual pretenden perjudicar a la abogada es “imputación implícita”, denominada así por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia numero 1636 de fecha 17 de julio de 2002. Lo grave es que se trataría de “actos de investigación penal personalizados” porque restringue el derecho a la defensa de la persona investigada.

El asunto ocurrió así, según explicaron los abogados: “el 07 de septiembre de 2012, la Fiscalía Quincuagésima del Ministerio Publico con competencia Plena, por petición de la Dirección General del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) mediante comunicación N° 1500.1600.001433.2012, solicitó al Juzgado Décimo Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Penal del Área Metropolitana de Caracas, la intervención del correo electrónico de San Miguel para esclarecer los hechos vinculados a la investigación por la presunta fuga de información en el Palacio de Miraflores. La medida fue acordada por el referido tribunal el 13 de septiembre de 2012”.

El asunto estriba en que en el expediente nunca se sustentan las razones por las cuales se vincula el correo de San Miguel al caso; sólo se alega una serie de denuncias puntuales contra la Fuerza Armada Nacional.

La defensora de derechos humanos no conoce de trato, vista o comunicación al coronel (GN) Jose Gamez Bustamante, procesado por presunta fuga de información de Miraflores y detenido en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde (CENAPROMIL).

El CNP-Caracas considera grave lo expuesto por el abogado Carlos Nieto quien informó que desde el 24 de agosto de 2012, según consta en denuncia presentada ante la Fiscalía 30 con Competencia Nacional, Rocío San Miguel es amenazada con privación de libertad por individuos desconocidos a través de twitter quienes hackearon sus cuentas de correo y de de la red social.

Con todas estas razones, el CNP-Caracas acompaña la decisión de los defensores de San Miguel de enviar toda la información a la Comision Interamericana de Derechos Humanos sobre este caso, así como las solicitudes hechas al Estado:

1) “Que cumpla las medidas cautelares dictadas en fecha 18 de enero de 2012, por la CIDH a favor de Rocío San Miguel y su hija.

2) “La garantía del debido proceso a las investigaciones que se adelantan contra Rocío San Miguel en el Juzgado Decimotercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Penal del Área Metropolitana de Caracas y y se proteja su integridad personal y vida.

3) “Enfrente la impunidad en los casos de delitos contra defensores de derechos humanos y asegure que las denuncias de los defensores sean investigadas y que sean tramitadas con prontitud y de manera transparente, independiente y responsable.

4) “Tomen las medidas pertinentes para garantizar las condiciones necesarias para que los defensores de derechos humanos puedan cumplir con su labor como contralores sociales y además se les garantice el derecho a la vida y a la integridad personal, al igual que lo merecen todos los venezolanos”.

Los periodistas de Caracas esperan una respuesta a estas peticiones y reitera que no aceptarán presiones para callar las violaciones a los derechos humanos de ningún venezolano.

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