Tiempos duros para la prensa libre

No son estos buenos tiempos para la libertad de prensa en América. Aunque, por definición, el periodismo de calidad es siempre antagonista del poder, la sana dialéctica entre prensa y gobierno es menos frecuente que la franca confrontación. El diagnóstico varía según el país, pero resulta preocupante que, para varios gobiernos de la región, el periodista se haya convertido en un enemigo al que hay que desprestigiar, anular y perseguir como asunto de Estado.

 

En un sentido estricto, nada de esto es novedad: periodistas acosados por el poder ha habido antes y seguramente seguirá habiendo. La historia de la prensa independiente abunda en persecuciones, deportaciones e incluso asesinatos, muchas veces orquestados desde los gobiernos. Lo novedoso de estos tiempos es la diversidad de métodos. La agresión física no ha pasado de moda, pero convive con otras formas de represión que intentan darle un barniz de legitimidad a los ataques contra la libertad de expresión.

 

Así lo advirtió Danilo Arbilla, veterano periodista uruguayo, en su discurso durante la 67° asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa, celebrada en Lima el año pasado: “Las nuevas formas de autoritarismo y tiranía son mucho más arteras y disimuladas que las que conocíamos del pasado, pero amenazan nuestras libertades tan seriamente como lo hacían aquellas”.

 

El ánimo represivo no ha cambiado, pero sí se han refinado las formas, de la misma manera que los autoritarismos han dejado sus viejas envolturas de dictadura para convertirse en algo más asolapado, vestido de apariencias democráticas. Los gobiernos enemigos de la prensa independiente ya no recurren únicamente al garrote y la pistola, también pueden echar mano de armas más sutiles como las leyes, la propaganda y la economía.

 

Para los enemigos, la ley. La reciente condena contra los directivos y el ex jefe de opinión del diario El Universo de Guayaquil, acusado de injuria por el presidente Rafael Correa, ha dejado en evidencia cómo las leyes y los tribunales se pueden utilizar para intimidar a los medios críticos. El mandatario ecuatoriano no aceptó la oferta del medio de publicar su réplica al artículo que consideró injurioso y persistió con su demanda judicial hasta lograr una condena cuando menos desproporcionada: penas de prisión y reparaciones que en total sumaban 40 millones de dólares.

 

El posterior perdón presidencial no borra el antecedente; más bien, lo deja como amenaza latente. “Los ciudadanos ecuatorianos no pueden perder de vista que se mantiene el precedente de que un presidente coacciona a la prensa de su país con amenazas legales”, ha advertido el presidente de la SIP, Milton Coleman.

 

El tejido legal ecuatoriano es similar al que se encuentra en Venezuela, otro país en el que la libertad de prensa está seriamente amenazada. En los últimos años, el régimen chavista ha forzado el cierre de la televisora RCTV y 34 estaciones de radio. Otros medios están bajo constante asedio. Un ejemplo es el canal Globovisión, cuyo propietario, Guillermo Zuloaga, es víctima de una persecución judicial impulsada por el mismo presidente Hugo Chávez. Sólo por su cobertura de un motín carcelario, la estación fue multada con 2 millones de dólares, acusada de “desestabilizar” el país.

 

Con diversos matices e intensidades, varios gobiernos de la región han impulsado proyectos de ley que restringen de algún modo el ejercicio informativo. En Argentina, las normas que regulan la comunicación audiovisual y la venta de papel periódico, que ya están vigentes, han generado fuertes protestas de los medios de comunicación opositores al gobierno de Cristina Fernández, que las consideran como mordazas para la prensa crítica. En Bolivia, las leyes de lucha contra el racismo y del régimen electoral también dejan abiertas enormes grietas interpretativas que pueden usarse para castigar informaciones u opiniones contrarias al régimen de Evo Morales.

 

Agresiones en aumento. Otra arma que algunos gobiernos emplean contra la prensa independiente es el insulto y la descalificación permanentes.

 

Al tratar al periodista crítico como enemigo, traidor a la patria o incluso delincuente, el régimen enrarece el ambiente, sienta las bases de una persecución posterior y deja abierta la puerta para futuros ataques, ante los que luego las autoridades se hacen la vista gorda.

 

El comportamiento agresivo se reproduce, incluso con mayor intensidad, en las instancias de gobierno regionales y locales, donde por lo general los periodistas son más vulnerables y la repercusión de los casos, menor.

 

Las acciones restrictivas a la libertad de prensa también pueden provenir de las fuerzas del orden. En México, uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo por las amenazas del narcotráfico, la policía y las Fuerzas Armadas han sido acusadas de retener a reporteros en los estados de Chihuahua, Veracruz, Michoacán, Sinaloa y Durango, como consta en el último informe de la SIP. La finalidad de estas acciones, invariablemente, ha sido intimidar a los hombres de prensa e impedirles realizar su trabajo.

 

La postura hostil contra el periodismo también se puede traducir en bloqueos informativos.

 

Es el caso de Argentina, donde muchos funcionarios eligen a qué medio le dan declaraciones basados en su posición respecto al Gobierno. “Hay una actitud del Gobierno que se traduce en falta de información, conferencias de prensa en las que no se admiten preguntas y vetos a ciertos medios, que en algunos casos son expresos”, afirma Andrés D’Alessandro, del Foro de Periodismo Argentino. Esta selectividad, a la larga, repercute en la calidad del trabajo periodístico.

 

La publicidad como arma. En un contexto de confrontación entre medios y gobierno, la publicidad estatal también es utilizada como instrumento de presión para los críticos y recompensa para aquellos que se pliegan al discurso oficial.

En Argentina, el reparto arbitrario derivó en dos demandas judiciales ­una contra la provincia de Neuquén y otra contra el Gobierno nacional­ para exigir la devolución de la pauta publicitaria a medios que habían sido despojados de ella. Ninguno de esos fallos ha sido cumplido hasta la fecha. “Algunos medios comienzan a depender casi totalmente de la publicidad del Estado, y esto significa una distorsión, porque pasan a ser, en la práctica, oficiales aunque sigan siendo privados”, indica D’Alessandro.

La situación es más grave en Ecuador, donde el Estado es, con gran diferencia, el principal anunciante. De acuerdo con César Ricaurte, de Fundamedios, su inversión anual asciende a 84 millones de dólares, mientras que el principal anunciante privado apenas llega a 17 millones. En ese país, además, el Estado es propietario de 22 medios de comunicación.

Ya sea por la vía violenta, la aparente legalidad o la asfixia económica, el fin sigue siendo el mismo: limitar la libertad de expresión, eliminar las voces discordantes y modelar una agenda informativa conveniente para el poder de turno, no para los ciudadanos.

Los métodos evolucionan, se refinan, pero la batalla sigue siendo la misma.

 Vía: Prensa CNP Caracas

Fuente: Diario El Comercio (Perú)

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