La muerte de Jorge Durán: Dos años de complicidades

(Por: Mario Villegas) Imagínese, amigo lector, que usted es reportero gráfico y termina de cubrir una rueda de prensa en la frontera con Colombia, donde la Guardia Nacional desmanteló un laboratorio en el que delincuentes procesaban cocaína. Son casi las siete de la noche y usted, cargado con un pesado equipo fotográfico, debe correr desesperadamente durante media hora, saltar troncos y atravesar profundos lodazales, para finalmente abordar un helicóptero que, junto a otros reporteros y reporteras, lo sacará de una zona en la que pululan narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares.

En medio de la huida, aliñada por el ruido de explosiones y ya casi a oscuras, exhausto por la carrera, sin agua y afectado por las emanaciones tóxicas del laboratorio, le sobreviene una severa crisis de salud, que bien pudiera ser un infarto u otra grave patología. Es auxiliado por dos guardias nacionales, pero el helicóptero que le espera alza vuelo sin que los pilotos militares presten oído al ruego de otros periodistas que dentro la nave imploran aguardar a su colega en emergencia. Minutos después, la injustificable omisión de socorro termina por provocar su muerte.

Esta historia no es ficción. Ocurrió la noche del 22 de abril de 2010, cuando el periodista Jorge Durán fue a cumplir a la frontera una descocada pauta informativa que le impuso su patrono, el mayor Jorge Galindo, jefe de prensa del Ministerio del Interior y Justicia.

El día 25 denuncié públicamente las injustificables condiciones en que falleció mi entrañable amigo, quien dejó viuda a la también periodista Lisbeth Torres, trabajadora del Ministerio de Educación, y huérfanos a tres muchachos.

Días después publiqué copia de un informe oficial que corroboró mi denuncia. La colega Jessica Rojas y el camarógrafo Pedro Amoruso, funcionarios del MIJ, relataban ante el despacho del ministro Tareck El Aissami el horror que aquella tarde-noche vivieron junto a su compañero Durán y otros periodistas.

Dos años más tarde, tanto el ministro El Aissami, como la Fiscal Luisa Ortega Diaz y el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel) han dado la espalda a su obligación de hacer justicia en este caso, cubierto por un manto de culposa complicidad.

No otra cosa puede esperarse de unas instituciones carcomidas por la podredumbre moral, como lo evidencian las repugnantes confesiones del ex magistrado Eladio Aponte Aponte.

Vía: Prensa CNP Caracas

Fuente: Diario 2001

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