SIP y CIDH preocupadas por la violencia regional contra periodistas

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió este jueves proteger las redes sociales “como genuinos medios de comunicación”, al condenar los asesinatos en México de dos jóvenes en aparente represalia por sus denuncias sobre narcotráfico a través de Internet.

“Todos estamos conscientes”, dijo en un comunicado el presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, “de la importancia que las redes sociales tienen para la difusión del pensamiento y, como en este caso, para las denuncias y transmisión de datos, por lo que deben ser protegidas como genuinos medios de comunicación”.

Los cuerpos, semidesnudos y con huellas de tortura, fueron localizados el martes colgando de un puente en Nuevo Laredo, ciudad al noreste fronteriza con Estados Unidos.

Al lado de los cadáveres -de un hombre y una mujer de entre 25 y 28 años- se hallaron mensajes atribuidos al crimen organizado, que hacían alusión a redes sociales como Twitter, usadas por la comunidad para denunciar hechos violentos ligados al tráfico de drogas. “Esto les va a pasar a todos”, señaló el mensaje firmado con la letra Z, constató la AFP.

En Nuevo Laredo actúa el cartel de los Zetas, ex militares de élite que hace dos décadas fueron reclutados como sicarios por el cartel de Golfo, con el que ahora libran una sangrienta pugna por el control de las rutas de la droga. En esta localidad funcionan distintas redes sociales en las que los ciudadanos alertan de posibles balaceras o hechos violentos. Es “necesario defender toda manifestación, opinión o expresión, así sea a través de los medios de comunicación tradicionales como de los nuevos medios tecnológicos; y esta defensa debe ser un compromiso que todos, sociedad y prensa, tenemos que asumir en conjunto”, dijo el titular de la SIP.

Desde diciembre de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón lanzó un operativo antidrogas en el que participan más de 50.000 militares, más de 41.000 personas han muerto en hechos violentos ligados al tráfico de drogas, según cifras oficiales y recuentos de la prensa.

 

Sicarios asesinan a un periodista en Perú

El director de un programa periodístico que se transmite por radio y televisión en una localidad de la costa sur de Perú fue asesinado por un sicario el miércoles, aumentando a tres los periodistas acribillados en el año, denunció el jueves el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).

“El 14 de septiembre, José Oquendo Reyes, director y conductor del programa ‘Sin Fronteras’ de BTV canal 45 de Chincha, fue asesinado por un desconocido que le disparó a quemarropa cerca de su vivienda en Pueblo Nuevo, en Chincha, 300 km al sur de Lima”, señaló el IPYS en un comunicado.

El IPYS, una organización de periodistas que defiende la libertad de expresión en Perú, Ecuador, Venezuela y Colombia, condenó el asesinato y reclamó a las autoridades dar con los responsables de su muerte. Oquendo es el tercer periodista que fallece a manos de sicarios en lo que va del año. Hace una semana murió a balazos Pedro Alonso Flores Silva, director del programa informativo Visión Agraria de canal 6 de Casma (norte), y en mayo Julio Castillo fue acribillado de seis balazos en Virú (norte).

Según testigos, Oquendo fue emboscado por tres sujetos en una moto, uno de los cuales le disparó cinco tiros, muriendo al llegar a un hospital producto de las heridas. La víctima había denunciado como corrupto al alcalde de Chincha, Lucio Juárez, quien asumió en enero de este año y que antes ejerció como alcalde del distrito chinchano de Pueblo Nuevo entre 2003-2010 y 1990-1998.

La Asociación Nacional de Periodistas, gremio de prensa, condenó también el crimen y lo vinculó directamente con las denuncias efectuadas en contra del alcalde de Chincha. El jefe de la policía de Chincha, José Taysaco de la Cruz, informó que el caso es investigado y que se detuvo a un sospechoso, sin precisar si existen vínculos entre las denuncias del periodista con el detenido o si existe otro móvil.

 

Cinco periodistas muertos en Brasil

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el homicidio del periodista brasileño Valderlei Canuto Leandro, quien había denunciado amenazas, y subrayó que con él son cinco los comunicadores asesinados este año en Brasil por razones supuestamente vinculadas a su profesión. Canuto Leandro, de 32 años, fue asesinado el pasado 1 de septiembre por desconocidos que iban en una moto y le dispararon cuando regresaba por la noche a su casa en la ciudad de Tabatinga, en el estado de Amazonas, según un comunicado que la CIDH difundido en Washington.

El periodista era el conductor del programa “Señal Verde” de la emisora bilingüe Radio Frontera de Tabatinga, ubicada en la frontera de Brasil con Colombia y Perú, y era reconocido por sus denuncias sobre presuntos actos de corrupción de las autoridades locales. De acuerdo con la CIDH, al parecer Canuto Leandro presentó una denuncia en mayo pasado ante el Ministerio Público por “graves amenazas de muerte” en su contra supuestamente proferidas por una autoridad local.

La policía está investigando el crimen, pero por ahora no ha identificado a ningún sospechoso. Con este homicidio “son cinco las muertes de periodistas en Brasil este año por razones que podrían estar vinculadas a su actividad profesional”, subrayó la CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que vela por los derechos humanos en el continente. Además, la CIDH recordó que el periodista y bloguero Ricardo Gama sobrevivió a un ataque el pasado 23 de marzo en Río de Janeiro en el que recibió tres disparos.

En Colombia, prescribió el asesinato de un periodista

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó enérgicamente la prescripción de los delitos vinculados al asesinato en 1991 de Arsenio Hoyos Lozano, director y propietario de la emisora La Voz de Ariari.

“En momentos en que la SIP reclama ante la Unesco y la ONU influir sobre los Gobiernos para que sean más escrupulosos y efectivos a la hora de defender y proteger la actividad periodística, causa estupor que en Colombia haya quedado en la impunidad otro caso de un periodista asesinados hace 20 años”, afirmó esa organización con sede en Miami (EE.UU.).

En un comunicado apuntó que el asesinato del que también fuera líder cívico del municipio de Granada, en el departamento del Meta, es el octavo caso que prescribe este año en Colombia.  En ese país se reformó la ley para extender el plazo de prescripción a 30 años, aunque sin efecto retroactivo.

El presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, del diario guatemalteco Siglo 21, expresó su consternación “por la falta de justicia e inacción del Gobierno para resolver el caso de Hoyos y otros que para siempre quedarán en la impunidad”. Marroquín hizo referencia así a otros dos asesinatos que podrían prescribir antes de que acabe el año: el de Rafael Solano Brochero, periodista independiente asesinado en Fundación, Magdalena, el 30 de octubre de 1991, y el de Néstor Henry Rojas Monje, corresponsal de El Tiempo en Arauca, asesinado en Arauca el 28 de diciembre de 1991.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Robert Rivard, añadió que en el caso de Hoyos la Justicia de Colombia “incumplió su obligación de investigar y sancionar a los responsables en un tiempo razonable, como tampoco respetó el derecho de sus familiares a conocer la verdad”. La SIP someterá en los próximos días ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los casos ya prescritos del periodista Julio Daniel Chaparro Hurtado y del fotógrafo Jorge Enrique Torres Navas, asesinados el 24 de abril de 1991.  Esta organización ya ha presentado 27 casos ante la CIDH desde 1997, de los que 14 han sido admitidos.

 

 

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