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Globovisión luce a tiro de convertirse en la próxima baja del esquema de medios venezolano. Desde todos los poderes públicos se ha insinuado que es hora de que el canal de noticias salga del aire

Y ahora que la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, ha propuesto una ley para penalizar los delitos mediáticos puede que el desenlace esté más cerca.

Antes de que la principal representante del Ministerio Público ventilara su idea de regulación, otras instancias habían ensayado sus escarmientos. Conatel le ha abierto cinco procedimientos a Globovisión en menos de seis meses.

El último de ellos por la transmisión de las piezas de propaganda que contenían mensajes a favor de la propiedad privada identificadas por las organizaciones Asoesfuerzo y Cedice.

La medida se basa en la presunta violación del artículo 29 de la Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión (Ley Resorte), referido a la incitación a alterar el orden público y la afectación a la seguridad nacional. Las cuñas fueron retiradas del aire.

Semanas antes se le había acusado a la planta dirigida por Alberto Federico Ravell de violar el artículo 171 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, aquél que establece que procede la revocatoria de la concesión de un medio de comunicación si se utilizó al medio para coadyuvar en la comisión de un delito.

El Ministerio Público, por su parte, inició investigaciones para determinar la responsabilidad penal de la estación por haber presuntamente difundido contenidos en diferentes programas incluida la entrevista al periodista Rafael Poleo en el programa Aló Ciudadano.

El Seniat se encargó del canal de La Florida por la vía tributaria: le sancionó por 9 millones de bolívares fuertes por no haber pagado impuestos por mensajes institucionales transmitidos durante el paro nacional de 2002-2003.

Alberto Federico Ravell, director general de Globovisión, ha asegurado que no hay basamento legal para cerrar al canal y por eso decidieron ir tras los socios. Considera que motivos políticos se esconden detrás de los intentos de quebrar o cerrar el canal de noticias.

Otros en la Mira

El de Globovisión no es un caso aislado en el mapa de medios sancionados o sancionables. Le antecedió RCTV, televisora a la que el Gobierno no le renovó su concesión o le sacó de señal abierta, según sea el gusto del consumidor, el 28 de mayo de 2007.

Como ahora con Globovisión, funcionarios oficiales pidieron la salida del aire de la corporación de la esquina de Bárcenas.

La radio se ha convertido en un invitado de última hora a la fiesta de las regulaciones. El ministro de Obras Públicas y Vivienda y presidente de Conatel, Diosdado Cabello, ha propuesto a la Asamblea Nacional que se limite a los circuitos radiales, como a las televisoras de cable.

Una de las justificaciones fue la necesidad de penalizar a los circuitos que “han intentado destrozar a la revolución bolivariana y tienen una serie de opinadores sin oficio que hacen ellos mismos la noticia”.

Sugiere, entre otras cosas, que los circuitos estén conformados por “tres emisoras máximo y media hora de transmisión conjunta”, una medida que cree favorecía a los productores nacionales independientes, golpea el “latifundio mediático”, y frena la posibilidad de que en el país se fragüe “un golpe parecido al de Honduras”.

La justificación de la Asamblea

“Lo que venden los medios venezolanos para afuera es que el gobierno va contra las emisoras, pero lo que se busca es democratizar el espectro radioeléctrico” afirma el presidente de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, Manuel Villalba.

“Lo dijo el ministro, 39 emisoras de un circuito ocupan 9% del espacio radial. ¿Acaso tenemos un Rupert Murdoch en Venezuela? Eso es inaceptable. Tampoco puede ser que ellos se traspasen, automáticamente y porque les da la gana, las habilitaciones para estar al aire”.

El diputado no conoce el contenido del texto de la Ley que prepara la Fiscalía General de la República, pero está a favor de que se tipifiquen y castiguen los delitos mediáticos. “La sociedad cambia y tenemos que adaptar la normativa.

En el caso de la Ley de Telecomunicaciones sólo se trata de aplicar la normativa pero en el otro caso hace falta un reglamento para garantizar que la población disponga de una información veraz y oportuna, distinta al amarillismo y al chantaje constante de los medios de comunicación”.

Villalba advierte que los poderes públicos nacionales “no pueden esperar a que se llegue a una situación como la de Ruanda, cuando una emisora azuzó al odio racial y al exterminio”.

Considera que la experiencia vivida en Venezuela en abril de 2002 y recientemente en Honduras (“en ambos casos los medios se prestaron a apadrinar un golpe de Estado”) es una alarma a la que hay que atender.

Apunta que el caso de la campaña de Cedice y Asoesfuerzo se necesitaría una sanción mayor que la retirada del aire y allí coincide con la representante del Observatorio Global de Medios y socióloga, Maryclen Stelling-Macareño.

Para la analista y docente universitaria, es necesario definir el concepto de delito mediático que no está contemplado en la Ley vigente y luego delimitar la norma.

“Hay que ver cómo concibe la fiscal el delito mediático. Pero parece estar vinculado con lo político”, vaticina. “Si se aprueba, sería imperioso que se modifique la Ley de Ejercicio del Periodismo”.

El director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, y el director del Instituto Prensa y Sociedad, Ewald Scharfenberg, postulan que sancionar una normativa semejante, además de sembrar preocupación, no se encuentra a tono con la corriente internacional en cuando a legislación de medios.

“La tendencia es que los errores se resuelvan por la vía de la rectificación o réplica, porque el arresto no repara el daño en un caso como el del vilipendio”.

Correa opta por plantear que haya una ley de acceso a la información y no está de acuerdo con que se establezca la veracidad para limitar acceso a informaciones.

En cuanto a la revocatoria de frecuencias radiales o de concesiones televisivas, si ocurriesen, cree que debe ser el producto de un proceso transparente “no discrecional o arbitrario”.

Scharfenberg agregó que cuando existe algún tipo de ley que establece delitos de opinión, “se tiende a intimidar la expresión de los opiniones y se ha entendido que es mejor que haya ciertos excesos en cuanto a la libertad”.

El periodista denuncia que el gobierno venezolano disfraza sus intenciones de derecha, la represión, con un discurso aparentemente de izquierda: “invoca la supuesta salud mental y más puede empobrecer el debate social”.

Scharfenberg advierte que Venezuela no vive un proceso de regulación aislado: en Ecuador, “se está cocinando una ley de comunicaciones con visos represivos para afectar casi exclusivamente a un medio y en Argentina, quieren perseguir al grupo Clarín y están redactando una ley para ello. Si se oye ayer al ministro Cabello al hablar sobre la TV por cable se puede deducir que tiene entre manos una ley para castigar a RCTV”.

Antonio Pasquali, comunicólogo y sociólogo, cree que “el régimen está montando otro expediente previo para quedarse con la totalidad del Cuarto Poder, tal como lo hizo con los otros poderes tradicionales”. En las manos de Ortega Díaz está la posibilidad de que dicho apoderamiento se materialice.

Vía. Talcualdigital.com-Ernesto Campo| 13 de julio de 2009

RP|Enelmedio.org

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